STOP a la modificación Ley Salud Gallega: ILEGAL e INCONSTITUCIONAL.

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Responsable: DOMO ACCIÓN GALICIA (G-02802999).
Finalidad: Gestión de la petición aquí presente.
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Derechos: Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, así como otros derechos, tal y como se indica en la información adicional, que podrá solicitarla en domoacciongalicia@domoacciongalicia.org

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Firmas alcanzadas:

Domo Acción Galicia (DAG) es una asociación sin ánimo de lucro que inició su andadura en noviembre de 2020 con 14 familias y a día de hoy cuenta con más de 50 familias socias. DAG tiene entre sus fines la protección de la salud y el bienestar de todos los gallegos y gallegas, así como la protección y defensa de sus derechos fundamentales.

Dada la trayectoria de los socios fundadores, uno de los pilares clave de esta Asociación es el de difundir y ejercer la defensa y protección de nuestros derechos y hacerlo allá donde sea necesario: redes, Administración, organismos oficiales, poderes públicos y, sobre todo, tribunales.

Esa es la razón por la que hemos organizado esta plataforma de recogida de firmas, dada la inquietud y preocupación de muchos ciudadanos y ciudadanas con la reciente aprobación de la modificación de la ley 8/2008 de Salud Pública por el Partido Popular (mayoría en el gobierno) en Galicia, que es, a todas luces, inconstitucional.

El objeto final de la recogida de firmas es mostrar la voluntad real del pueblo, que es donde reside la Soberanía, y trasladarla mediante presentación de este escrito al Defensor del Pueblo y a la presidencia del Gobierno de España para que inicien recurso de inconstitucionalidad contra esta ley.

Si queréis conocer más a Domo Acción Galicia (DAG) podéis consultar aquí nuestros Estatutos o dirigiros a la siguiente dirección electrónica: domoacciongalicia@domoacciongalicia.org


ESCRITO DE FIRMAS:

DOMO ACCIÓN GALICIA (G-02802999), asociación cuyo objetivo principal es velar por el bienestar y la salud de los ciudadanos gallegos, MUESTRA SU TOTAL y ABSOLUTO RECHAZO de la Ley de modificación de la Ley 8/2008, del 10 de julio, de Salud de Galicia, con base en el siguiente:

INFORME JURÍDICO sobre la Ley de modificación de la Ley 8/2008, del 10 de julio, de Salud de Galicia, que contiene:

RAZONES LEGALES por las que la ley deber ser RECHAZADA y declarada INCONSTITUCIONAL:

A)      POR FALTA DE COMPETENCIA DE LA CC.AA DE GALICIA PARA LEGISLAR EN MATERIA DE SANIDAD EXTERIOR

B)       POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE SALUD DE GALICIA

C)       POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA LEGISLACIÓN SANITARIA APLICABLE Y DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

A)   FALTA DE COMPETENCIA DE LA CC.AA DE GALICIA PARA LEGISLAR EN MATERIA DE SANIDAD EXTERIOR:

A.1) PANDEMIA INTERNACIONAL: El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, declaró un nuevo estado de alarma “para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, QUE AFECTA A TODO EL TERRITORIO NACIONAL, con una duración inicial hasta las 00:00 horas del día 9 de noviembre de 2020 y el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, acordó una prórroga, autorizada por el Congreso de los Diputados, hasta el 9 de mayo de 2021.

 

En la Exposición de Motivos de la citada ley de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de Salud de Galicia, se dice que: Así, tras la elevación por la Organización Mundial de la Salud de la situación de emergencia de salud pública por la dicha causa a nivel de PANDEMIA INTERNACIONAL…se declaró el estado de alarma…declaración que afectó a TODO EL TERRITORIO NACIONAL…”.

 

Por tanto, se trata de una infección que afecta a toda España y al resto del mundo (Sanidad Exterior) y no, en exclusiva, a la CC. AA de Galicia.

A.2) ESTRATEGIA DE LA XUNTA DE GALICIA: para conseguir la aprobación de una nueva Ley de Sanidad General y Autonómica: PLAN “A” y PLAN “B”

- PLAN “A”: Por la Xunta de Galicia ya se intentó a finales del año pasado (octubre del 2020) la aprobación de un Proyecto de Ley para reformar y endurecer la Ley General de Sanidad, el cual fue rechazado por el Gobierno.

-PLAN “B”: Después de comprobar que el Gobierno Central no reformaría la Ley General de Sanidad, la Xunta de Galicia decidió proponer su propia “ley”ordinaria, a nivel autonómico, no orgánica y “a su manera”, imponiendo medidas que vulneran derechos y libertades de forma permanente y, por tanto, inconstitucionales.

A.3) MEDIDAS ILEGALES: Así, en la citada ley se contemplan MEDIDAS que lesionan las LIBERTADES y DERECHOS FUNDAMENTALES, que se pretenden IMPONER a todos los galleg@s, SIN EXCEPCIONES, a diferencia de lo contemplado hasta el momento en las normas dictadas al amparo de la declaración del estado de alarma, basándose, para ello, los legisladores gallegos en las siguientes ILEGALIDADES:

1ª. Las MEDIDAS QUE SE PRETENDEN IMPONER son “preventivas” y, además, PERMANENTES, y no provisionales, como hasta ahora, las cuales serían mantenidas, una vez finalice el estado de alarma, en fecha 09-05-21. Por ello, su imposición no se basa en un hecho puntual y concreto, como es la declaración de un estado de alarma por una supuesta pandemia, sino que se pretende la instauración y mantenimiento de su “nueva normalidad”, consistente en un sometimiento absoluto del pueblo gallego, SIN NECESIDAD DE DECLARAR EL ESTADO DE ALARMA, EXCEPCIÓN O SÍTIO, única situación, según nuestro Derecho, que permite la suspensión o limitación de derechos y libertades.

2ª. La ley que ampara tal despropósito NO es una LEY ORGÁNICA, sino una ley ordinaria. Cuando SÓLO POR LEY ORGÁNICA se puede establecer un límite a los derechos fundamentales.

3ª. Para conseguir la imposición de medidas permanentes a través de una simple ley ordinaria, han recurrido a la reforma de la LEGISLACIÓN SANITARIA: la Ley 8/2008, del 10 de julio, de Salud de Galicia.

4ª. Con esta ley se pretende instaurar un estado de alarma y excepción “encubierto” y permanente y sin Ley Orgánica, lesionando así nuestros derechos y libertades.

5ª. Se dice en esta ley que se basan, para imponer tales medidas, en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía y en la Ley 8/2008, de 10 de Julio, de Salud de Galicia.

6º. Si bien, de conformidad con la Constitución Española, Estatuto de Autonomía y Ley 8/2008, de 10 de Julio, de Salud de Galicia, CARECEN DE COMPETENCIA PARA LEGISLAR EN ESTA MATERIA. La CC.AA de Galicia carece de competencias en materia de SANIDAD EXTERIOR y, por lo tanto, no puede legislar sobre tal materia.

A.4) COMPETENCIAS SANIDAD: la ley INCUMPLE la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Ley de Salud de Galicia:

-          CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: las competencias del Estado y de las CC.AA están contempladas en los artículos 148 y 149.

Articulo 148, 1, 21ª:"Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: Sanidad e Higiene".

Artículo. 149, 1, 16ª:"El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: Sanidad Exterior, Bases Generales y Coordinación General de la Sanidad y Legislación sobre productos farmacéuticos”.

-          LEY ORGÁNICA 1/1981, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GALICIA:

 

Artículo 4:

1. “Los derechos, libertades y deberes fundamentales de los gallegos son los establecidos en la Constitución.

2. Corresponde a los poderes públicos de Galicia promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los gallegos en la vida política, cultural y social”.

Artículo 33:

1.” Corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior”.

Artículo 37:

1.       “Las competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia se entienden referidas a su territorio.

2.       En las materias de su “competencia exclusiva” le corresponde al Parlamento la potestad legislativa en los términos previstos en el Estatuto y en las Leyes del Estado a las que el mismo, se refiere, correspondiéndole a la Junta la potestad reglamentaria y la función ejecutiva”.

-          LEY 8/2008, DE 10 de JULIO, DE SALUD DE GALICIA:

Preámbulo:“Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 148 y 149 de la Constitución española y en el artículo 33 del Estatuto de autonomía de Galicia, es competencia de la Comunidad Autónoma gallega el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior. La comunidad autónoma podrá organizar y administrar (o sea, sólo podrá legislar sobre estas concretas cuestiones) para tales fines y dentro de su territorio todos los servicios relacionados con las materias antes expresadas, ejerciendo la tutela de las instituciones, entidades y fundaciones en materia de sanidad y Seguridad Social.”

Continúa diciendo que:“La Ley de salud habrá de garantizar que el nivel de salud y de riesgo para la salud de los gallegos y gallegas lo decidan los propios gallegos y gallegas”.

 

-                    LEY 14/1986, DE 25 DE ABRIL, GENERAL DE SANIDAD

Artículo 40: Competencias del Estado

La Administración del Estado, sin menoscabo de las competencias de las Comunidades Autónomas, desarrollará las siguientes actuaciones:

La reglamentación, autorización y registro u homologación, según proceda, de los medicamentos de uso humano y veterinario y de los demás productos y artículos sanitarios y de aquellos que, al afectar al ser humano, puedan suponer un riesgo para la salud de las personas. Cuando se trate de medicamentos, productos o artículos destinados al comercio exterior o cuya utilización o consumo pueda afectar a la seguridad pública, la Administración del Estado ejercerá las competencias de inspección y control de calidad.

Los servicios de vigilancia y análisis epidemiológicos y de las zoonosis, así como la coordinación de los servicios competentes de las distintas Administraciones Públicas Sanitarias, en los procesos o situaciones que supongan un riesgo para la salud de incidencia e interés nacional o internacional.

Al NO ser la SANIDAD EXTERIOR (declaración de una pandemia a nivel internacional) competencia exclusiva de la CC.AA de Galicia, le está expresamente PROHIBIDO legislar sobre ello e incluso, con relación a la SANIDAD INTERIOR, sólo le está permitido legislar en desarrollo y ejecución de una previa legislación básica del Estado y sobre cuestiones de organización y administración de servicios.

El desarrollo de la legislación básica del Estado y, en particular, la normativa de desarrollo de la sanidad interior (la sanidad exterior, es como vimos, competencia plena del Estado) autoriza, entre otras cosas, a las Comunidades Autónomas a establecer los requisitos técnicos y condiciones mínimas de los centros o establecimientos sanitarios (siempre que sean adicionales a los mínimos fijados por el Estado).

La ley de modificación de la Ley 8/2008, del 10 de julio, de Salud de Galicia incurre en VULNERACIÓN de los art. 148 y 149 de la Constitución, del art. 33 y 37 de su Estatuto de Autonomía, Gallega y del art. 40 de la General de Sanidad. Es contraria a Derecho e INCONSTITUCIONAL. El propio Preámbulo de la actual Ley de Salud de Galicia (no modificada) nos informa del espíritu y finalidad de la misma, por cuanto en ese Preámbulo se dice claramente que es la VOLUNTAD de los gallegos la que decide el nivel de salud y de riesgo para su salud. Además, tal Preámbulo SÍ que realiza una interpretación ajustada al nivel competencial que le corresponde a la CC.AA.

Por los motivos expuestos, DEBE SER RECHAZADA y DECLARADA INCONSTITUCIONAL.

 

B)   INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE SALUD DE GALICIA”

 

B.1) CONSTITUCIÓN: Vulneración de los artículos 53 y 81 de la Constitución.

Artículo 53:

1.”Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a)” (Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional).

Artículo 81:

1. “Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.

2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto”.

 

Con la ley se pretende la limitación de derechos fundamentales, tal y como se reconoce en el texto de la misma y en el informe de la Ponencia Parlamentaria, publicado en fecha 05-02-21, en el Boletín Oficial del Parlamento de Galicia: Dada a posible afectación que tales medidas poden ter nos dereitos e liberdades da cidadanía, procede que unha norma legal regule estas medidas”!!!!!!!!

En la Exposición de Motivos de la ley se dice: “O Tribunal Constitucional admitiu o establecemento de medidas limitativas de dereitos e liberdades, incluídos dereitos fundamentais e liberdades públicas, sen ter que acudir necesariamente ao chamado dereito de excepción, ben que co necesario respecto á reserva de lei (artigos 53.1 e 81.1 da Constitución española), de modo que debe ser a lei a que habilite a inxerencia no ámbito dos dereitos e liberdades e exprese os presupostos e as condicións da intervención”.

Pero tal “norma legal” SÓLO puede ser una LEY ORGÁNICA, pues es la única que procede, según la Constitución, para poder legislar sobre cuestiones que afecten a derechos y libertades; la cual, SÓLO puede ser aprobada por el CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, NO POR UN PARLAMENTO AUTÓNOMICO.

La Xunta de Galicia pretende, pues, ostentar una potestad legislativa sobre sanidad exterior, de la que carece y no tiene competencia, para legislar sobre derechos fundamentales y libertades públicas a través de una ley ordinaria, cuando sólo es posible a través de Ley Orgánica, y conseguir la aprobación por el Parlamento de Galicia, cuando legalmente sólo puede hacerlo el Congreso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

Sin embargo, lo intenta y va más allá en su “osadía” al interpretar “a su manera” la doctrina del Tribunal Constitucional y afirmar, en la Exposición de Motivos, que: No entran, en cambio, dentro da reserva de lei orgánica as modulacións provisionais e limitadas á forma en que certos suxeitos desfrutan, en circunstancias moi determinadas e non xeneralizables, do dereito fundamental”.

Llega a concluir que al Estado le corresponde sólo la regulación, por Ley Orgánica, de los aspectos esenciales del derecho fundamental y al legislador autonómico la regulación, por ley ordinaria, de la materia sobre la que se proyecta el derecho.

Y va todavía más allá en su incomprensible e inconstitucional razonamiento al plantear e interpretar que la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales contiene ya los presupuestos y condiciones para la limitación de los derechos fundamentales y libertades públicas, a fin de controlar las enfermedades transmisibles, por lo que, el “legislador autonómico”, por la vía de la ley ordinaria, puede hacer el “desarrollo legislativo” de tales limitaciones, en el ejercicio de “sus competencias en materia de sanidad interior”.

Es ILEGAL e INCONSTITUCIONAL:

1º. Se pretende legislar sobre competencias de sanidad exterior (pandemia nacional e internacional), que corresponden al Estado.

2º. A través de una ley ordinaria que LIMITARÍA derechos y libertades porque, según su argumentación, ya existe una ley orgánica sanitaria que lo permite, por lo que, SÓLO legislarían sobre aspectos “indirectos” del derecho/libertad y no sobre los aspectos esenciales de los mismos.

3º. Lo cierto es que, entre las medidas que se contemplan en la ley, están la vacunación obligatoria sin excepciones (límite al derecho a la libertad, a la vida e integridad física); el cierre de locales (derecho a la libertad); la expropiación forzosa (derecho a la propiedad privada); la prohibición de consumo de alcohol (derecho a la libertad); hospitalización obligatoria (derecho a la libertad y dignidad); prohibición de agrupación de personas (libertad de reunión); restricción de circulación y movilidad de las personas (libertad de circulación); control de la información a través de móviles (libertad de información), etc.

Evidentemente, tales medidas afectan, de forma directa, a los aspectos esenciales de los derechos fundamentales y libertades públicas.

B.2) TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Hasta el momento, la escasa doctrina del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma se reduce al ATC 7/2012, de 13 de enero y a la STC 83/2016, de 28 de abril, pronunciamientos ambos recaídos a propósito de la crisis de los controladores aéreos acaecida en diciembre de 2009.

En lo esencial, estas resoluciones del Tribunal Constitucional vienen a afirmar que la “legalidad excepcional” que contiene la declaración gubernamental del estado de alarma desplaza, durante su vigencia, la “legalidad ordinaria” en vigor, en la medida en que viene a excepcionar, suspender, modificar o condicionar durante este período la aplicabilidad de determinadas normas, entre las que pueden resultar afectadas Leyes, normas o disposiciones con rango de Ley.

Ahora bien, esta misma doctrina constitucional dice, claramente, en el fundamento jurídico octavo de la citada STC 83/2016, que a diferencia de los estados de excepción y sitio, la declaración del estado de alarma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental (art. 55.1 CE contrario sensu), aunque sí la adopción de medidas que pueden suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio”.

El artículo 81 de la Constitución reserva al legislador estatal, NO AUTONÓMICO, la regulación de estos derechos mediante ley orgánica, pero esta reserva se ha interpretado por el Tribunal Constitucional de manera muy restrictiva.

Según jurisprudencia constitucional consolidada ( es constante la doctrina constitucional acerca de que el principio de proporcionalidad, como presupuesto de constitucionalidad de la ley, no opera en abstracto. El Tribunal ha insistido reiteradamente que dicho principio actúa únicamente por referencia a concretos derechos fundamentales (SSTC 64/2019, de 9 de mayo, FJ 5, y 55/1996, de 28 de marzo, FJ 3) o a específicos principios constitucionales [STC 60/2010, de 7 de octubre, FFJJ 7 y 8 b)], derechos y principios que serían los vulnerados en caso de que el legislador los restrinja de un modo desproporcionado, STC 99/19, de 18 de julio),  los derechos fundamentales son los que se ejercen frente a los poderes públicos. No son absolutos. Pero para que un Gobierno pueda restringirlos tiene que ampararse en una ley orgánica que se lo permita; AUNQUE NO DE MANERA GENÉRICA: El precepto de la ley orgánica debe especificar el derecho a limitar, el interés público esencial que permite hacerlo y las condiciones y garantías de la limitación. Básicamente, es lo que el Tribunal Constitucional ha entendido por “respetar el contenido esencial del derecho” exigido por el artículo 53.1 de la Constitución. Además, una vez que el Gobierno tome la medida restrictiva en amparo de esta legislación se podrá juzgar, a su vez, su proporcionalidad: si la acción limitadora es útil, necesaria y proporcionada. Así es cuando, por ejemplo, el Ejecutivo limita el derecho fundamental de manifestación al cambiar su itinerario o cuando restringe el derecho de huelga al establecer los servicios mínimos.

 

Son, en definitiva, dos pasos; pero el segundo no cabe sin el primero. No podemos entrar a juzgar la proporcionalidad de una medida gubernamental limitadora de derechos fundamentales sin el amparo previo de una ley orgánica que permita específicamente la restricción. La medida gubernamental limitadora de derechos fundamentales sin amparo específico en ley orgánica es INCONSTITUCIONAL; aunque sea justificada.

 

B.3) AUTO 32/20, DE 22 DE OCTUBRE, DEL TSJ DEL PAÍS VASCO: en el que se abordó la cuestión de si las Comunidades Autónomas, en este caso, la vasca PUEDEN ADOPTAR MEDIDAS LIMITADORAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES, con AUTORIZACIÓN JUDICIAL.

Recordemos que en la Exposición de Motivos de la ley que estamos analizando se dice: As autoridades competentes delegadas quedan habilitadas para a adopción das medidas recollidas no real decreto, nos termos e co alcance previstos na dita norma, sen que para iso sexa precisa a tramitación de ningún procedemento administrativo nin autorización nin ratificación xudicial!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

Esta cuestión, como adelantemos, ya se resolvió y se fundamentó por Auto 32/20 del TSJ del País Vasco de fecha 22 de octubre del 2020, en el que se acordó NO autorizar la medida restrictiva de derechos, que fue solicitada por el Servicio Jurídico Central del Gobierno Vasco, con fecha 19 de octubre de 2020, pretendiendo la ratificación judicial de la futura Orden de 2020 de la Consejera de Salud del País Vasco, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario en la Comunidad Autónoma de Euskadi, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica del COVID-19.

Una de esas nuevas medidas –la prohibición de reuniones de más de seis personas– podría afectar a derechos fundamentales recogidos en la Constitución, por lo que se solicitó la autorización judicial del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, artículo 10,8: Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia:

“Conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente”.

Pues bien, en tal Auto consta que es el Estado el que tiene competencias en materia de "sanidad exterior, bases generales y coordinación general de la sanidad" (art. 149.16º CE), contando las Comunidades Autónomas con la materia de "sanidad e higiene" (art. 148.1. 21º CE). Pero lo que es más importante, sólo por Ley del Estado pueden establecerse limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales (art. 53.1 CE)”.

 

B. 4)LEY ORGÁNICA 3/1986, DE 14 DE ABRIL, DE MEDIDAS ESPECIALES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA: la cual se menciona en la ley como la ley, en base a la cual, se pretende la imposición de medidas restrictivas de derechos y en la que se “inspira” el legislador autonómico para tratar de justificar e imponer su competencia legislativa en materia de derechos fundamentales) prevé, en su artículo tercero, que “con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria (…) podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.

 

Ni se especifica el derecho fundamental que puede ser restringido por esas autoridades sanitarias ni, por supuesto, las condiciones y garantías de esa limitación.

Por tanto, esa remisión genérica a las “medidas oportunas” en absoluto cumple con los requisitos para permitir una acción gubernamental de limitación de derechos generalizada. En todo caso, permitirá una restricción de derechos a personas individualizadas con la consiguiente autorización judicial (artículo 8.6 de la Ley 9/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Asimismo, corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales cuando dichas medidas estén plasmadas en actos administrativos singulares que afecten únicamente a uno o varios particulares concretos e identificados de manera individualizada”).

 

B.5) LEY ORGÁNICA DE 4/1981, DE 1 DE JUNIO, DE LOS ESTADOS DE ALARMA, EXCEPCIÓN Y SÍTIO: Hoy por hoy, la única legislación que especifica la limitación de derechos con las consiguientes condiciones y garantías es la Ley Orgánica de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio. Sólo al amparo de dicha ley, el Ejecutivo puede limitar, de manera generalizada y provisional, las libertades y derechos.

 Ni el ‘Govern’ catalán, ni el Gobierno gallego o el vasco pueden prohibir un derecho fundamental. Aunque tanto el Ejecutivo catalán, como el gallego o el vasco, justifiquen esta medida. Y aunque algunos puedan pensar que está justificada.

 

Esta Ley establece en su artículo 1: Las medidas a adoptar en los estados de alarma, excepción y sitio, así como la duración de los mismos, serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se realizará de forma proporcionada a las circunstancias.

Finalizada la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio decaerán en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora y en orden a actuaciones preventivas correspondan a las Autoridades competentes, así como las concretas medidas adoptadas en base a éstas, salvo las que consistiesen en sanciones firmes”.

Pues bien, con la ley se pretende “mantener, conservar y perpetuar” las competencias atribuídas a la CC.AA de Galicia y a sus correspondientes autoridades sanitarias tras la declaración del estado de alarma, aun cuando finalice el estado de alarma, previsto para el 9 de mayo, en contradicción y con absoluta VULNERACIÓN de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1981.

En su artículo 11 enumera las únicas 4 medidas restrictivas (“numerus clausus” o lista cerrada) que se pueden imponer en un estado de alarma:

a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados. d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad”.

En su artículo 13 habla de las medidas en el caso del estado de excepción:

“El Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados una solicitud de autorización que deberá contener los siguientes extremos: Relación de las medidas a adoptar referidas a los derechos cuya suspensión específicamente se solicita (también “numerus clausus” o lista cerrada).

A pesar de la contundencia y claridad de esta norma, se pretende la imposición de cualquier medida (“numerus apertus” o lista abierta) limitativa de derechos si la consideran adecuada (“Aquellas medidas sanitarias xustificadas e necesarias que…se consideren adecuadas”), sin necesidad de “refrendo”, ni del Gobierno estatal ni autonómico, sin necesidad de declaración de estado de alarma, excepción o sítio, sin necesidad de autorización judicial y, sobre todo, sin necesidad de Ley Orgánica. Se pretende todo esto a través de una simple ley ordinaria, la cual, como se aprecia, vulnera los principios de jerarquía (la Constitución es de rango superior) y de competencia (la Constitución reserva a Ley Orgánica la afectación de derechos fundamentales y libertades públicas): esto es una DICTADURA LEGISLATIVA y SANITARIA, a la que se le llama “nueva normalidad”; y que supone la eliminación de la SAGRADA LIBERTAD DEL SER HUMANO, su prosperidad, la calidad de las relaciones sociales, de amistad, de afecto, de familia. Se ataca lo que hace feliz al ser humano.

Y todo por un fin, que algunos califiquen como “adecuado”.

No se puede pretender cambiar nuestro sistema de libertades por una situación sanitaria que, tarde o se temprano, va a finalizar.

Por los motivos expuestos, DEBE SER RECHAZADA la ley y declarada INCONSTITUCIONAL.

 

C)   INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA LEGISLACIÓN SANITARIA APLICABLE Y DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

C.1) LEGISLACIÓN SANITARIA: En la ley se menciona la legislación sanitaria que, según el contenido de su Exposición de Motivos, avala y sustenta la imposición de las medidas restrictivas, partiendo de la premisa de que, por una parte, tales normas sanitarias permiten la adopción de medidas restrictivas de derechos, al igual que la Ley 4/1981 del estado de alarma, excepción y sítio y, por otra, que las mismas presentan “carencias” que al “legislador gallego” le corresponde completar. Así, consta en la Exposición de Motivos de la ley:

En efecto, ben que as crises sanitarias, tales como epidemias, constitúen un dos supostos que habilitan para a declaración do estado de alarma, conforme o artigo cuarto da Lei orgánica 4/1981, do 1 de xuño, dos estados de alarma, excepción e sitio, a dita declaración, dado o seu carácter excepcional, non se pode entender como a única alternativa xurídica para facer fronte a esas situacións, ao existiren na lexislación sanitaria mecanismos EXTRA-ORDINARIOS para tutelar a saúde pública”.

Y estos mecanismos extraordinarios quieren aplicarlos por LEY-ORDINARIA y no por LEY-EXTRAORDINARIA/ORGÁNICA.

O obxetivo fundamental da reforma estriba en facer fronte ás carencias normativas de tal legislación sanitaria:

1. La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública:

Artículo 1:“Al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan RAZONES SANITARIAS DE URGENCIA O NECESIDAD”.

Artículo 2: "Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la SITUACIÓN SANITARIA CONCRETA de UNA persona o GRUPO de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad".

Artículo 3: "Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los ENFERMOS, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible."

Artículo 4: “Cuando un medicamento, un producto sanitario o cualquier producto necesario para la protección de la salud se vea afectado por excepcionales dificultades de abastecimiento y para garantizar su mejor distribución, la Administración Sanitaria del Estado, temporalmente, podrá:

a) Establecer el suministro centralizado por la Administración.

b) Condicionar su prescripción a la identificación de grupos de riesgo, realización de pruebas analíticas y diagnósticas, cumplimentación de protocolos, envío a la autoridad sanitaria de información sobre el curso de los tratamientos o a otras particularidades semejantes”.

Esta ley, que sólo consta de estos 4 artículos, estaba pensada para otras situaciones, para poder controlar a alguien que viniera a España con tifus o cólera, pudiendo imponer las concretas medidas que se mencionan en la misma no a toda la población, sino solamente a los enfermos y personas en contacto con éstos.

Además, en esta Ley NO se especifica el derecho fundamental que puede ser restringido por esas autoridades sanitarias ni, por supuesto, las condiciones y garantías de esa limitación.

Por tanto, esa remisión genérica a las “medidas oportunas” en absoluto cumple con los requisitos para permitir una acción gubernamental/AUTONÓMICA de limitación de derechos generalizada al Pueblo Gallego. En todo caso, únicamente permitirá una restricción de derechos a personas individualizadas con la consiguiente autorización judicial (artículo 8.6 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

 

Aunque se trate de una Ley Orgánica NO puede limitar un derecho de manera genérica. El precepto de la ley orgánica debe especificar el derecho a limitar, el interés público esencial que permite hacerlo y las condiciones y garantías de la limitación. Es lo que el Tribunal Constitucional ha entendido por “respetar el contenido esencial del derecho” exigido por el artículo 53.1 de la Constitución

2. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad:

Artículo 26: "1. En caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un RIESGO INMINENTE Y EXTRAORDINARIO para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de Empresas o de sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales y cuantas otras consideren sanitariamente justificadas”.

Entonces, la “nueva normalidad” ¿es un riesgo inminente y extraordinario permanente?.

3. La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública

Artículo 54: "1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, con carácter EXCEPCIONAL y cuando así lo requieran motivos de EXTRAORDINARIA GRAVEDAD O URGENCIA, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley”.

Así, aunque estas previsiones legales están plagadas de conceptos jurídicos indeterminados, en la ley se interpreta que es legalmente posible imponer medidas restrictivas, cuando exista un riesgo colectivo para la salud pública: Conforme o exposto, unha das principais finalidades desta lei é, así, concretar as medidas que, tendo en conta o disposto na lexislación sanitaria estatal, de rango orgánico e ordinario, poden ser adoptadas polas autoridades sanitarias galegas para a protección da saúde pública”.

Lo cierto es que la citada Ley General de Sanidad y la Ley de Salud Pública no fueron aprobadas con el carácter de Ley Orgánica, por lo que no resultaría constitucionalmente admisible que dentro de las mismas se incorporaran normas que recogieran medidas que afectan directa y sustancialmente a derechos fundamentales, de la relevancia de la integridad física o psíquica, vida, etc. La Constitución Española dispone que sólo mediante Ley Orgánica se pueden limitar derechos fundamentales.

El precepto esencial a analizar es el artículo 3 de la L.O. 3/1986, de 14 de abril de medidas especiales en materia de salud pública: el artículo 3 al que nos venimos refiriendo, tal como indica el auto de 10 de octubre de 2020 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Aragón, alude a "personas concretas y determinadas, que presentan una clara relación con el agente causante de la intervención administrativa, esto es, la enfermedad. Se habla de enfermos y de personas que se han relacionado con ellos. La cláusula final, abierta, no salva el vacío existente cuando se impone la restricción de un derecho fundamental que se impone a cualquier persona no identificable."

O sea, a quien NO se dirige es a un colectivo de ciudadanos indeterminado y que no puede afirmarse que sean enfermos o personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos.

Ley 14/1986 General de Sanidad, en su artículo 26, hace referencia a "medidas preventivas que se estimen pertinentes en caso de riesgo INMINENTE Y EXTRAORDINARIO para la salud", pero posteriormente alude a incautación o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales y otras”, que no se especifican, pero que ha de entenderse que deben ser de análoga naturaleza pues, en caso contrario, no tendrían cobertura legal, ya que lo que no cabe es acordar cualquier medida imnominada de cualquier clase y, mucho menos, si se trata de medidas limitativas de derechos fundamentales.

Algo que SÍ se pretende con la ley de modificación de la ley 8/2008, de 10 de julio, de Salud de Galicia, al decir en su artículo 38 que se podrán adoptar e imponer Aquelas outras medidas sanitarias xustificadas e necesarias que…se consideren adecuadas…”.

Entonces, la “nueva normalidad” ¿es un riesgo inminente y extraordinario permanente?.

Finalmente, el artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, añade a lo dicho lo que dispone el apartado 2 f) relativo a "cualquier medida ajustada a la legalidad vigente",con lo que su base habría de buscarse en otras normas y, como hemos indicado, no dan cobertura a limitar derechos fundamentales.

Hay que recordar que en la interpretación de restricciones de derechos fundamentales se ha de ser estricto, ya que la adopción de medidas restrictivas de derechos fundamentales habrían de ser adoptadas conforme a derecho, bien con una ley orgánica que las contemple y posibilite, bien mediante los mecanismos constitucionalmente previstos para dar base jurídica a dichas restricciones y con las garantías que los mismos preveen.

C.2) RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: en el texto de la Exposición de Motivos se hace referencia, única y exclusivamente, a un auto y a tres sentencias de nuestro más alto Tribunal para pretender “justificar” y “amparar” la imposición de medidas limitativas de derechos fundamentales y libertades públicas: Neste sentido, a saúde pública é un ben constitucionalmente protexido cuxa tutela, imposta polo artigo 43 da Constitución española, pode xustificar o establecemento de límites ao exercicio de dereitos e liberdades, tendo en conta, ademais, a íntima conexión do dito mandato constitucional de protección da saúde pública co dereito á vida e á integridade física recoñecidos no artigo 15 da Constitución española, como recentemente tivo oportunidade de recordar o Tribunal Constitucional no seu Auto 40/2020, do 30 de abril.

Xunto con iso, o Tribunal Constitucional admitiu o establecemento de medidas limitativas de dereitos e liberdades, incluídos dereitos fundamentais e liberdades públicas, sen ter que acudir necesariamente ao chamado dereito de excepción ben que co necesario respecto á reserva de lei (artigos 53.1 e 81.1 da Constitución española), de modo que debe ser a lei a que habilite a inxerencia no ámbito dos dereitos e liberdades e exprese os presupostos e as condicións da intervención”.

Según expone el Preámbulo, el derecho a la salud, (contemplado en el artículo 43 de la Constitución y, por lo tanto, no considerado como derecho fundamental de los incluídos en los artículos 14 al 29), prevalece!!!!!sobre cualquiera de los derechos fundamentales y libertades públicas, que sí gozan de la protección especial que les otorga el artículo 81 de nuestra Carta Magna (al exigir Ley Orgánica que los regule). Se continúa diciendo que el Tribunal Constitucional avala esta “tesis” en el citado Auto, así como también la imposición de medidas limitativas de derechos y libertades, sin necesidad de declarar un estado de excepción. Sin embargo, el citado Auto ninguna relación tiene con la pretendida “prevalencia” del derecho a la salud sobre todos los demás derechos fundamentales.

-          Auto TC 40/2020, de 30 de abril: se inadmite un recurso de amparo contra la prohibición de una manifestación rodada por las vías de Vigo durante el actual estado de alarma. El TC resuelve, mediante este Auto, la primera de las solicitudes de amparo de derechos fundamentales planteadas ante el Tribunal, tras el dictado del RD 463/2020 (Estado de Alarma), confirmando que la denegación de la autorización de una manifestación rodada (vehículos) en Vigo, con ocasión del día del trabajo, no supone la vulneración del derecho fundamental de manifestación, sino una proporcional y legítima limitación del mismo. Dicha denegación fue acordada por la Subdelegada del Gobierno de Pontevedra. El TC no analiza si el decreto de declaración del estado de alarma supone o no una limitación excesiva o incluso una suspensión del derecho de manifestación, porque el recurso no lo es frente a la norma, sino frente a la resolución de la Subdelegada del Gobierno. Se limita a considerar que la medida de prohibición de la manifestación rodada por el centro de Vigo fue adecuada porque las medidas propuestas por el organizador no resultaban suficientes para garantizar la salud y la seguridad de las personas. No se entiende qué relación puede tener esta cuestión con el tema que nos ocupa.

-          Si bien, por su trascendencia e interés, se transcribe este fundamento del Auto:

-          «En el estado actual de la investigación científica, cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, NO ES POSIBLE TENER NINGUNA CERTEZA SOBRE LAS FORMAS DE CONTAGIO, NI SOBRE EL IMPACTO REAL DE LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS, ASÍ COMO NO EXISTEN CERTEZAS CIENTÍFICAS SOBRE LAS CONSECUENCIAS A MEDIO Y LARGO PLAZO PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS QUE SE HAN VISTO AFECTADAS EN MAYOR O MENOR MEDIDA POR ESTE VIRUS».

-          «ANTE ESTA INCERTIDUMBRE TAN ACENTUADA Y DIFÍCIL DE CALIBRAR DESDE PARÁMETROS JURÍDICOS QUE ACOSTUMBRAN A BASARSE EN LA SEGURIDAD JURÍDICA QUE RECOGE EL ART. 9.3 DE LA CONSTITUCIÓN, LAS MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL, CONFINAMIENTO DOMICILIARIO Y LIMITACIÓN EXTREMA DE LOS CONTACTOS Y ACTIVIDADES GRUPALES, SON LAS ÚNICAS QUE SE HAN ADVERADO EFICACES PARA LIMITAR LOS EFECTOS DE UNA PANDEMIA DE DIMENSIONES DESCONOCIDAS HASTA LA FECHA”. 

COMO SE PUEDE COMPROBAR, EL TC NO AVALA NI AMPARA NI CONSIDERA “EFICACES” NINGUNA OTRA MEDIDA QUE LAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE, ENTRE LAS QUE NO SE ENCUENTRAN, EVIDENTEMENTE, LAS DE INTERNAMIENTOS FORZOSOS, INTERVENCIÓN DE RESIDENCIAS PÚBLICAS, EXPROPIACIÓN, FORZOSA, PROHIBICIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL, VACUNACIÓN OBLIGATORIA, SOMETIMIENTO A TRATAMIENTOS, CONTROL DE LA INFORMACIÓN, ETC, LAS CUALES SÍ SE CONTEMPLAN COMO “EFICACES” EN LA LEY.

Entonces, la “nueva normalidad” ¿es un riesgo inminente y extraordinario permanente?.

En cuanto a las sentencias del TC que se citan en la Exposición de Motivos de la ley, se dice en la misma: Débese advertir que o Tribunal Constitucional, xa desde as súas primeiras sentenzas, incidiu na necesidade de aplicar un criterio estrito ou restritivo en relación co alcance da reserva de lei orgánica para o desenvolvemento de dereitos fundamentais e de liberdades públicas previstas no artigo 81.1 da Constitución española. … de acordo con esta doutrina constitucional, require lei orgánica unicamente a regulación dun dereito fundamental ou dunha liberdade pública que «desenvolva» a Constitución de maneira directa e en elementos esenciais para a definición do dereito fundamental… Non entran, en cambio, dentro da reserva de lei orgánica as modulacións PROVISIONAIS E LIMITADAS á forma en que certos suxeitos desfrutan, en circunstancias moi determinadas e non xeneralizables, do dereito fundamental (entre outras, sentenzas do Tribunal Constitucional 53/2002, do 27 de febreiro, e 186/2013, do 4 de novembro)…(entre outras STC 137/1986, de 6 de novembro)”.

Si se proponen en esta ley modulaciones limitadas y provisionales de los derechos y libertades, ¿por qué una LEY MARCIAL?????.

O sea, según el legislador gallego, la doctrina del Tribunal Constitucional avala y permite la vulneración de derechos y libertades, sin necesidad de Ley Orgánica, siempre que sea provisional y limitada (sin embargo, la imposición de las medidas que pretenden no son ni provisionales ni limitadas) y, prueba de ello, según el autor/es de la ley, son las 3 sentencias aludidas. Sin embargo, el contenido de las mismas nada tiene que ver con lo anteriormente expresado:

-          Sentencia del TC 53/2002, de 27 de febrero: trata sobre la Ley de ASILO y establece que esta ley no tiene porqué ostentar el carácter de Ley Orgánica porque ningún precepto de la Constitución exige que por Ley Orgánica se regule esta materia. Hay que tener en cuenta y recordar que el art. 81 de la Constitución nos dice: Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución”. El tema referido al asilo político no afecta a ninguno de los derechos considerados como fundamentales y comprendidos en los artículos 14 al 29; tampoco tiene nada que ver con los Estatutos de Autonomía ni derecho electoral y, por último, no hay ningún artículo en la Constitución que remita expresamente a una Ley Orgánica para su regulación. No se entiende qué relación puede tener esta cuestión con el tema que nos ocupa.

-          Sentencia TC 186/2013, de 4 de noviembre: se refiere a la ley de EXTRANJERÍA. La Sentencia deniega el amparo solicitado por una ciudadana argentina y madre de una menor de nacionalidad española nacida en el año 2006. La Administración había ordenado su expulsión, de conformidad con la ley de extranjería, por haber entrado en territorio español sin la documentación requerida y haber cumplido una pena de prisión por un delito de tráfico de drogas. No se aprecia la vulneración de la libertad de residencia y de circulación ni del derecho a la intimidad familiar que invocó esta ciudadana (por entender ésta que se le privaba de tales derechos a su hija), por cuanto la orden de expulsión del territorio nacional no impide a la hija menor de edad el disfrute efectivo de su libertad de circulación y residencia en España, dada la existencia de vinculación con otros parientes en territorio español. No se entiende qué relación puede tener esta cuestión con el tema que nos ocupa.

-          Sentencia TC 137/1986, de 6 de noviembre: de todas las mencionadas, ésta es la más trascendente por su contenido esclarecedor: recurso de inconstitucionalidad, relacionado con el Derecho a la EDUCACIÓN, contra la Ley del Parlamento Vasco 15/1983, de 27 de julio, por la que se crea el «Instituto Vasco de Ikastolas», y se aprueba el Estatuto jurídico de las ikastolas, por supuesta vulneración de los preceptos sobre distribución de competencias en materia de educación, contenidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía del País Vasco y en la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares. Se alegó por el Abogado del Estado su inconstitucionalidad por no ser conforme con la Constitución suplantar la escuela pública nacional… por una escuela pública vasca, en la que la enseñanza se impartiría en vascuence.Si bien, se dice en la sentencia, que “lo que el art. 149.1.30 C.E. establece como competencia estatal («normas básicas para el desarrollo del art. 27 de la Constitución, derecho de educación) es la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos profesionales y académicos, cuestión que no tiene nada que ver con la ORGANIZACIÓN de la escuela y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos, siendo así, que la Comunidad autónoma del País Vasco, según su Estatuto de Autonomía, tiene competencia en materia de enseñanza, en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades”.

 

Lo realmente trascendente es que se dice, en esta sentencia, que, tal y como establece el art. 81.1 de la Constitución, la regulación de los aspectos esenciales de los derechos fundamentales y de las libertades públicas será a través de Ley Orgánica, lo cual no es incompatible con la “colaboración internormativa”, para tratar algunas cuestiones, a través de ley ordinaria, concluyendo que esto es posible, en el ámbito de la educación (pues es el único derecho que se analiza en esta sentencia), y, concretamente, sólo en uno de sus aspectos, esto es, con relación a la participación en la educación, regulada en el art. 27.7 de la Constitución(“Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos”), y en los términos que la ley establezca. Lo cual no supone imposibilidad constitucional para que la Ley Orgánica llame a la ordinaria a integrar en algunos extremos sus disposiciones «de desarrollo», dando así lugar, y con las mismas garantías constitucionalmente exigibles a una colaboración entre normas. Ahora bien, se concluye en esta sentencia del TC, y esto es de gran relevancia para el tema que nos ocupa, que “habría de reputarse ILEGÍTIMO TODO REENVÍO A UNA LEY ORDINARIA EN BLANCO O CON CONDICIONES TAN LAXAS QUE VINIESEN A DEFRAUDAR LA RESERVA CONSTITUCIONAL EN FAVOR DE LA LEY ORGÁNICA”.

“CUANDO NO SE ESTÁ ANTE DERECHOS DE LIBERTAD, SINO PRESTACIONALES O DE PARTICIPACIÓN –DE ESTE ÚLTIMO CARÁCTER SON LOS ENUNCIADOS EN EL ART. 27.7 DE LA CONSTITUCIÓN–“, la regulación de los mismos (sólo se está refiriendo a la participación en la educación) es compatible con una ley ordinaria. O SEA, EN EL CASO DE DERECHOS DE LIBERTAD (LIBERTAD DE REUNIÓN, LIBERTAD DE CIRCULACIÓN, ETC), LA LEGISLACIÓN HA DE SER INEXCUSABLEMENTE POR LEY ORGÁNICA, y que, por lo tanto, no podrá haber “colaboración internormativa” a través de ley ordinaria.

La ley de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de Salud de Galicia, es una ley en blanco o con condiciones tan laxas que viene a defraudar la reserva constitucional a favor de Ley Orgánica, por cuanto contempla la imposición de medidas limitativas de derechos fundamentales y libertades públicas en un sistema de “listas abiertas” o “numerus apertus”, de manera que puede imponer cualquier medida sin concretar que considere “idónea” y, con ello, ni se especifica el derecho fundamental que puede ser restringido por las autoridades sanitarias ni, por supuesto, las condiciones y garantías de esa limitación.

Por tanto, esa remisión genérica a las “medidas idóneas” en absoluto cumple con los requisitos ni para permitir una acción del Gobierno de limitación de derechos generalizada, ni mucho menos una acción de una Comunidad Autónoma, sin el amparo previo de una Ley Orgánica que permita específicamente la restricción. La medida gubernamental limitadora de derechos fundamentales sin amparo específico en ley orgánica es INCONSTITUCIONAL, aunque sea justificada.

 

EN RESUMEN, EN LA LEY SE HA HECHO UNA INTERPRETACIÓN TORTICERA Y ERRÓNEA DEL CONTENIDO DE ESTAS SENTENCIAS, PARA PRETENDER JUSTIFICAR LO INJUSTIFICABLE, SI BIEN, Y ES DE AGRADECER, NOS HAN PUESTO EN “BANDEJA DE PLATA” LOS MEJORES Y MÁS ACERTADOS ARGUMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARA ACREDITAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 8/2008, DE 10 DE JULIO, DE SALUD DE GALICIA.

C.3) TRATADOS INTERNACIONALES: asimismo, tal ley VULNERA y es contraria a todos los principios y derechos reconocidos en los TRATADOS INTERNACIONALES, ratificados por España, los cuales son VINCULANTES para los países que los han ratificado y los Tratados tienen un valor superior a cualquier otra norma de Derecho Interno, incluida la ley:

1º. Constitución: Artículo 96

1.       Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.

2.       Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

2º. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969:

Artículo 27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.

 

3º. El Convenio para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950; el protocolo adicional al Convenio, hecho en París el 20 de marzo de 1952.

Artículo 1. Reconocimiento de los derechos humanos.

Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona dependiente de su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el título I del presente Convenio.

 

 

4º. El Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina), hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997): destaca su artículo 5:

 

Consentimiento

Artículo 5. Regla general.

Una intervención en el ámbito de la sanidad sólo podrá efectuarse después de que la persona afectada haya dado su libre e informado consentimiento.

Dicha persona deberá recibir previamente una información adecuada acerca de la finalidad y la naturaleza de la intervención, así como sobre sus riesgos y consecuencias.

En cualquier momento la persona afectada podrá retirar libremente su consentimiento.

 

 

Por los motivos expuestos, DEBE SER RECHAZADA y declarada INCONSTITUCIONAL.

 

LA SOBERANÍA NACIONAL RESIDE EN EL PUEBLO DE QUIEN EMANAN TODOS LOS PODERES DEL ESTADO.

Desde el comienzo de la segunda guerra mundial se realizaron……experimentos MÉDICOS CRIMINALES A GRAN ESCALA…... “ . “Tales experimentos no fueron acciones aisladas de médicos o científicos…… sino el resultado de una NORMATIVA Y PLANEAMIENTO COORDINADOS AL MÁS ALTO NIVEL DEL GOBIERNO….”.”Fueron ordenados, aprobados, permitidos o sancionados por personas que ocupaban cargos de autoridad, las cuales estaban obligadas, de acuerdo con los principios de la ley, a conocer esos hechos y a tomar las medidas necesarias para impedirlos y ponerles fin” (Código de Nuremberg).

Por todo ello, se SOLICITA el RECHAZO y LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD de la ley de modificación de la Ley 8/2008, del 10 de julio, de Salud de Galicia.